El operativo de control de motos implementado por el Ministerio del Interior para todo el país y denominado “Aruera”, en el mes de marzo cumplió un año. Según datos de la cartera, se intervinieron 103.773 motos de las cuales 8.311 fueron incautadas por diferentes irregularidades. En Maldonado no hay información actualizada desde hace varios meses.

El operativo “Aruera” se ha instrumentado desde marzo del año 2015 en todo el país, y no fue una medida exclusiva de la Jefatura de Policía de Maldonado como se pensó en algún momento. El objetivo ha sido reducir el número de delitos que se cometen usando este medio de transporte.

En forma paralela, ha apuntado a sacar de circulación a todos aquellos vehículos que presentan distintos tipos de irregularidades y que, representan en muchos casos un riesgo muy importante en el tránsito, ya de por si complejo en muchas ciudades de todo el país.

Desde que se implementó el operativo “Aruera” en marzo de 2015, se realizaron 39.520 procedimientos con un total de 103.773 motos intervenidas. Semanalmente se realizan entre 50 y 90 operativos conjuntamente con inspectores de tránsito de las intendencias y efectivos de Policía de Tránsito.

De todas las motos inspeccionadas, 8.311 han sido incautados en todo el país, en tanto que 1.442 personas resultaron detenidas. De estos procedimientos, por otra parte, ha surgido el hallazgo de 145 motocicletas que habían sido hurtadas y pudieron ser recuperadas por sus dueños.

En el marco de los controles del tránsito, los efectivos llevan 8.600 espirometrías realizadas, de las cuales 948 arrojaron valores positivos. En estos casos, los conductores han sido derivados a las autoridades competentes para la aplicación de la correspondiente multa.

En Maldonado, hace varios meses que la Policía no divulga datos de las motos controladas y las incautadas, pero los últimos que fueron divulgados ubicaban a este departamento como el de mayor cantidad de incautaciones después de Montevideo.

Los operativos -denominados “Impacto”- continúan realizándose en forma sorpresiva con énfasis en distintos barrios de la capital departamental. De acuerdo a los comunicados diarios, el número de incautaciones ha caído notoriamente respecto a los primeros meses de implantación de los controles.

A la baja

Según datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV), en el período 2015 hubo 18.917 lesionados en accidentes de tránsito con participación de motos, mientras que, durante el período en que se realizan los dispositivos de control, los lesionados fueron 18.124.

Según el MI, aunque no se puede asegurar que esta reducción esté directamente relacionada con los operativos, la UNASEV reconoce que con el operativo “Aruera” se ha generado en la población la sensación de control, creando conciencia en los conductores en el uso de los elementos de seguridad.

Táctica

En algunos departamentos y unidades policiales los controles adquieren diferentes denominaciones. En Maldonado se les llama "Impacto", y en la Guardia Republicana se los denomina "Luz Roja". Esta repartición, ha apoyado a algunas intendencias del interior.

Las intervenciones se realizan en forma sorpresiva y dinámica en zonas y horarios diferentes, con una fuerte presencia policial. Las herramientas tecnológicas utilizadas como el PREDPOL y el Sistema de Áreas Críticas marcan los lugares donde se concentran mayormente las contravenciones.

Particularmente en Montevideo, el dispositivo ha tenido repercusión en la seguridad pública. Datos aportados por el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad indican que, en el período de marzo del 2014 a febrero de 2015 se denunciaron 4.847 hurtos de motos.

A partir de la instauración del operativo “Aruera” desde marzo de 2015 a febrero del 2016, la jefatura capitalina registró 4.186 denuncias. Esto constituye una baja en un 13,6% en el número de motos robadas, en el año. Si bien este delito tuvo una baja, el índice de rapiñas a motociclistas aumentó un 5,8%.

Todas aquellas motocicletas que han sido incautadas por la Policía y que no estaban en condiciones de ser retiradas por sus propietarios, pasarán a ser destruidas. El material obtenido será destinado al Plan Juntos para la construcción de viviendas, de acuerdo a la Ley N° 18.791.

El protocolo establece el mecanismo para enajenar como chatarra vehículos que fueron secuestrados por el MI y transcurridos 30 días no fueron retirados. Esto en la práctica no se aplica, porque son miles los vehículos depositados en todo el país que se mantienen desde hace mucho más tiempo en esa situación.