La secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Collette Spinetti, confirmó que las intendencias incluirán áreas específicas para la población LGBTQI+. Consideró que territorializar, extenderse y “escuchar y devolver” con acciones, es clave.

Setiembre es el “Mes de la Diversidad” y, en ese contexto, se realizó una reunión de intercambio denominada “Hacia el Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+: Territorios Diversos en Diálogo”, que incluyó aportes de la sociedad civil y la academia.

También se presentó un informe sobre trayectorias laborales de personas trans, entre otros temas. La actividad fue iniciativa de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, cuya titular, Collette Spinetti, se refirió a una coyuntura geopolítica internacional con la que se busca retrasar y detener los derechos humanos.

En especial, subrayó, los de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y demás identidades y orientaciones sexuales (LGBTIQ+). Además, dijo que Uruguay “es una isla”, un modelo de respeto y garantía en derechos humanos que debe seguir reforzándose.

Señaló que, cuando se habla de comunidad LGBT, no se trata de abstracciones, sino de niños que deben crecer libres de discriminación en sus escuelas, jóvenes que buscan trabajo y son rechazados por su orientación sexual o identidad de género, personas trans que necesitan real acceso a salud y vivienda, personas mayores LGBTIQ+ que vivieron gran parte de su vida escondidas, y hoy merecen reconocimiento y dignidad.

Acciones

A través del programa “En Cada Territorio, Más Derechos”, se producen oportunidades de diálogo con comunidades, organizaciones sociales, gobiernos locales e instituciones públicas para identificar vulneraciones de derechos y articular soluciones, incluso celebrando reuniones con los gobiernos departamentales.

Tal como lo votó el Congreso de Intendentes, se procura que las comunas dispongan de oficinas de derechos humanos y de diversidad. Asimismo, la Secretaría colabora en la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos como una hoja de ruta del Estado para garantizar derechos en vivienda, educación, salud, género y diversidad.

También trabaja, junto con la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC), para avanzar en el acceso a cupos laborales para poblaciones vulneradas. Esta administración colaboró en el Plan de Educación Sexual Integral y la Guía de la Diversidad en torno a la educación, entre otras coordinaciones incluso con el ministerio de Relaciones Exteriores.

Perspectivas

Spinetti sostuvo que el desafío es seguir territorializando las políticas, escuchando, construyendo junto a las comunidades y organizaciones de la sociedad civil, “que son quienes nos dicen lo que está pasando”, mientras que el Estado debe contar con herramientas para brindar soluciones.

Por su parte el subsecretario de Desarrollo Social, Federico Graña, dijo que el camino es escuchar y ser claros con el rumbo y las prioridades para evitar que desaparezca lo consolidado. Afirmó que se revisará la Ley Integral para Personas Trans y reconoció que el mayor déficit es la cuota laboral.

La diputada María Inés Obaldía, en tanto, consideró que las leyes no cambian por sí solas la realidad, sino la apropiación social de los derechos. Dijo que “el gozo de los derechos compartidos socialmente vuelve todo más fácil, se vuelve vivencia” y que, desde que lo es, fluye y no hay que reclamarla.