Es el saldo de la instancia judicial cumplida la tarde de este miércoles 3 de septiembre en el Centro de Justicia de Maldonado, en el marco de la investigación por el presunto uso fraudulento de fondos de la Junta Departamental, durante tres años del periodo legislativo departamental anterior.

El Fiscal Jorge Vaz, tras una sólida presentación de “elementos objetivos”, solicitó a la Jueza Penal Gabriela Azpiroz Quiroga, la formalización de la investigación para dos ex presidentes de la Junta Departamental de Maldonado -del Partido Nacional- como presuntos autores de graves delitos contra la administración pública.

Darwin Correa (presidente del Legislativo entre los meses de noviembre del año 2022 y el mismo mes del año 2023), está imputado como presunto autor de un delito continuado de fraude especialmente agravado, y un delito continuado de falsificación ideológica como funcionario público.

José Luis Sánchez, en tanto (presidente desde noviembre del año 2020 a noviembre de 2021), enfrenta los mismos cargos pero en calidad de coautor. El tercer involucrado, Alexandro Infante, no compareció en la audiencia, no respondió siquiera a sus abogados y fue declarado en rebeldía y tiene orden de captura.

La audiencia tuvo una extensión de dos horas, durante la cual el Fiscal de la causa reveló todos los detalles de las maniobras que presuntamente perpetraron los tres ex presidentes del Legislativo Departamental, en la contratación de obras públicas que, no se habrían realizado en el edificio de la corporación.

El Fiscal Vaz inició su exposición remarcando que se trata de una investigación por “pagos de obras que terminaron en la cuenta bancaria de un edil”, antes de mencionar con lujo de detalles que ese edil hacia el que se habrían volcado varios millones de pesos, es el hoy exedil nacionalista José Luis Sánchez.

Agregó luego que los presidentes del Legislativo, son los ordenadores primarios, por lo cual están legitimados y tienen potestades para gastar dentro de lo incluido en el presupuesto, y por eso son considerados responsables de disponer los pagos que en toda esta trama figuraban en favor de la unipersonal Ramón Sosa.

Sin embargo, el titular de esa empresa nunca realizó trabajos de ninguna índole en el edificio del Legislativo, no contaba con RUPE para contratar con organismos del Estado, pero admitió, según el Fiscal Vaz, que había prestado facturas en blanco que los ahora imputados habrían manejado a su antojo.

El Fiscal, confirmó además que Facundo Sánchez, hijo del exedil Sánchez declaró que una noche su padre le pidió desde la Junta Departamental que le diera el número de su cuenta para que desde el organismo le transfirieran determinadas sumas de dinero por trabajos que estaba realizando que y luego se lo traspasara a la suya.

Durante la investigación iniciada tras la denuncia formulada ante la Justicia por el Frente Amplio, se recabaron testimonios claves, se accedió a cuentas bancarias de los involucrados y se analizó documentación sobre contrataciones y compras realizadas, todo lo que fue expuesto en un gráfico durante la audiencia.

La denuncia fue presentada el jueves 20 de marzo por la presidenta del Frente Amplio de Maldonado, Silvana Amoroso, y los ediles Sergio Duclosson y Leonardo Pereira. La misma pretendía que se investiguen presuntos hechos de corrupción cometidos no solo durante la presidencia de José Luis Sánchez, sino durante otras dos.

Fuentes del Frente Amplio vinculadas a la denuncia, señalaron en su momento que el objetivo es que se investiguen hechos de apariencia delictiva, más allá de lo denunciado por el semanario El Bocón respecto a José Luis Sánchez, el edil nacionalista que presidió el Legislativo Departamental entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021.

Mientras Alexandro Infante, que se estima hubiese sido formalizado por los mismos delitos imputados a Darwin Correa y Sánchez, no ha sido ubicado y desde esta jornada tiene orden de detención, a Sánchez y Correa les impusieron medidas limitativas por 90 días que les impiden cambiar de domicilio y salir del país.

Además, ambos deben presentarse ante la dependencia policial más próxima a sus respectivos domicilios (en San Carlos y Maldonado) una vez por semana. Las medidas también incluyen la retención de los documentos de viaje y el aviso a la corte Electoral sobre la situación judicial en que se encuentran.