El convenio, al que se sumaron este jueves Cambadu y la Cámara de Comercio, reduce a un día el plazo máximo de pago en operaciones de débito e instrumentos de dinero electrónico, elimina los costos administrativos, simplifica el control de pagos y lleva del 1,5% al 1,3% los aranceles cobrados por los emisores.

El acuerdo rubricado este jueves 11 entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu) y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, entre otros, es una extensión del convenio suscripto en setiembre con otras gremiales.

El convenio, entre otros puntos, elimina los costos administrativos y establece una reducción del arancel máximo cobrado a los comercios pequeños por los emisores de las tarjetas de débito, crédito e instrumentos de dinero electrónico, que pasará del 1,5% al 1,3%.

El subsecretario de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, explicó en rueda de prensa que en el futuro las tarjetas de débito pagarán un arancel máximo del 0,85%, en función de los volúmenes transados. “Es un arancel bajo en comparación con los de la región, incluso más bajo que en Argentina”, acotó.

También se disminuirá la dispersión máxima de los aranceles para acortar la diferencia del costo de aceptación de los medios de pago electrónico entre los pequeños comercios y los establecimientos de mayor tamaño, lo que “generará menos inequidades o desventajas competitivas”.

Esto último será importante para los comercios más pequeños, que son los que tienen menos poder de negociación. Asimismo, el nuevo plazo máximo de pago que regirá será de un día (hábil o no), en las operaciones con débito e instrumentos de dinero electrónico.

Los emisores también se comprometieron a incluir a los pequeños comercios en las campañas de promoción del uso de tarjetas. Además, se conforma un grupo de trabajo para simplificar y unificar los procedimientos administrativos del control de pagos.

“El Poder Ejecutivo siempre entendió que la mejor línea de trabajo era buscar un acuerdo entre las partes y no una solución legal donde se fijaran precios entre privados mediante una ley, por lo tanto, este es el camino que entendíamos más adecuado”, expresó Ferreri.