El edil Washington Martínez (Frente Amplio) denunció graves irregularidades en el comedor que funciona en el centro comunal del barrio Villa Delia de Maldonado, que es asistido por el Instituto Nacional de Alimentación (Inda). Además de pedir respuestas al Intendente Departamental y a la Alcaldesa de Maldonado, anunció que llevará el caso ante la Justicia.

Antes de ingresar en el asunto concreto, Martínez explicó cuál es la misión del Inda y fundamentalmente desde el mes de octubre del año 2015 cuando pasó a la órbita del Mides, desde donde se hace un seguimiento minucioso de la asistencia que se brinda, así como del personal a cargo.

Washington Martínez aclaró que, si bien el caso de Villa Delia es de público conocimiento a partir de un informe divulgado semanas atrás por el semanario Brecha, se encargó de obtener más información con concejales del Municipio de Maldonado y con autoridades del Mides-Maldonado.

Citando la publicación de Brecha, dijo que inspecciones y auditorías del Inda revelaron diversas situaciones, aunque las más graves y complejas tienen que ver con “la existencia de facturas de compra que no coinciden con el stock de alimentos disponibles en el momento de la inspección”.

Además, aseguró que se verificaron “listados con usuarios no autorizados para acceder al servicio o con cédulas y nombres falsos; falta de registros o registros parciales de los verdaderos beneficiarios; y diferentes modalidades de maltrato sistemático a los comensales”.

El sistema

Washington Martínez, explicó que el Inda tiene un supervisor que fiscaliza, además de un coordinador regional, los que demostraron haber realizado controles eficaces. Luego agregó que los alimentos se distribuyen mediante transferencias monetarias desde el Inda a las intendencias.

Desde allí, los encargados de cada servicio adquieren verduras, frutas, pollos, alimentos frescos. “Desde Montevideo son transportados todos los alimentos secos, como fideos, arroz, harina, azúcar, que luego son entregados en dependencias municipales desde donde se reparten a los comedores”, explicó.

Aclaró que tanto el monto de dinero, como la cantidad y tipo de alimento, “se definen en función del menú que elaboran los nutricionistas de Inda, teniendo en cuenta particularidades sanitarias de los beneficiarios, el promedio de comensales autorizados en cada servicio y una proyección a tres meses”.

Por otra parte, subrayó que cada convenio obliga a la respectiva intendencia “a rendir cuentas sobre el destino de las transferencias y a cumplir con rigurosos requisitos en cuanto al registro de usuarios y movimientos de mercadería en cada centro”, lo que a su vez debe ser supervisado por el Inda.

Según el curul frenteamplista, cuando se realizaron los controles, “se encontraron inconsistencias”, las cuales mediante oficio se las hicieron saber en el mes de julio tanto al Intendente Enrique Antía como a la alcaldesa del municipio de Maldonado, Dina Fernández Chaves.

La señalada

“Dentro de la información que pude recabar, también pude apreciar la angustia y la indignación de los funcionarios de Mides Maldonado por cómo se lleva a cabo el manejo del comedor de Villa Delia”, el que está autorizado para unos 90 comensales y se detectó que las compras duplicaron lo autorizado.

Dijo que “se le preguntó a la encargada dónde se encontraba el excedente, pero no supo contestar; no es fácil decir a dónde dirigirse para encontrar treinta y dos kilos de pollo que figuran en boletas de compra, veintiocho kilos de corte trasero, faltante de manzanas, papas, vencimiento de seis kilos de queso”.

“Tampoco le fue fácil explicar por qué entregan comida a personas que solo son identificadas por su apodo, sin mostrar cédula de identidad, ni por qué la persona encargada lleva el control en un cuaderno escrito a lápiz, en el que se anotan los nombres, se escribe sobre lo tachado” lo que impide una clara identificación.

“Esta encargada se maneja con tal impunidad y desparpajo que, cuando se le preguntó sobre los faltantes, su respuesta fue: ´No sé, se me habrán quedado en el auto´, ´Se me habrán quedado en mi casa´”, denunció Martínez, que agregó otras cuestiones que calificó de más graves e indignantes.

“Frente a los funcionarios que llevaron a cabo la fiscalización, esta señora tiró la comida a la basura, diciéndoles: ´¿Vieron? Acá no nos llevamos nada´. Y como si fuera poco, ante los ojos de los funcionarios, a una persona le dieron la comida en una bandeja, groseramente servida”, con una cantidad desmedida.

Dijo que, la alcaldesa de Maldonado escribió en su cuenta personal de Facebook: “Me estoy enterando de que el Mides sigue recortando el acceso a la alimentación de los más vulnerables, acabo de leer que no hay más canastas para pacientes crónicos, ni asesoramiento nutricional, ni para madres en lactancia”.

El edil denunciante dijo que la alcaldesa miente, porque “no es verdad, no hay planificado ningún cierre de ningún comedor; miente, que se haga responsable de los funcionarios que tiene a cargo, en este caso de la encargada del comedor de Villa Delia, que no está a la altura del cargo que le asignaron”.

Afirmó que la jerarca sabía que tenía plazo hasta el 30 de septiembre para normalizar el funcionamiento de ese comedor, porque le llegó un oficio en el que “le marcaron todas las faltas a corregir”, y que seguramente “abrió el paraguas” porque si no se ajustan a las normas, “puede ocurrir el cierre del comedor”.

“En definitiva, estamos ante un hecho donde los stocks no coinciden en nada con las planillas; es decir, los ingresos de mercadería registrados eran inferiores que los que figuraban en las boletas de compra, mientras que las salidas resultaban superiores a las estipuladas para el consumo habitual”, dijo.

Dijo sobre el final que, según el director del Inda, es la Intendencia de Maldonado la que debe determinar “si alguno de estos hechos implica dolo y amerita denuncias penales, ya que tiene a su cargo el personal. Hasta el momento, y por lo que sé, todo sigue igual”.

Según Washington Martínez la encargada denunciada se mantiene en el cargo, “atendiendo el comedor como si fuera un club de amigos, dándoles viandas a las personas a las que a ella le parece, perdiendo de vista que hay un protocolo a seguir, si las personas que retiran la comida realmente la necesitan…”.

Martínez informó que espera respuestas de las autoridades, en tanto, llevará el tema a la órbita judicial “para saber ante qué estamos, si realmente existió dolo, dado que no podemos dejar pasar por alto las palabras del director general, cuando cita que la Intendencia sería la encargada de tomar cartas en el asunto”.

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