En varias de las 11 auditorías finalizadas, dispuestas por Asse, sobre la gestión de la anterior administración, se decidió radicar denuncias penales. Los resultados, entre los que se encuentra la auditoría al Centro Hospitalario Maldonado - San Carlos, fueron enviados a Presidencia de la Republica para su conocimiento.

Luego de asumir el actual directorio de Asse, dispuso un número importante de auditorías; a pesar de haberlo hecho en plena pandemia con personal muy reducido y plazos administrativos suspendidos por la situación sanitaria, se atendieron los puntos más críticos de los advertidos en sus conclusiones.

Asimismo, se ha resuelto llevar a cabo auditorías de verificación, a efectos de constatar que los hallazgos detectados hayan sido subsanados, para lograr una mejora continua de la gestión. Se decidió realizar un total de 21 auditorías desde el inicio de la actual administración, de las cuales 11 culminaron.

Maldonado y San Carlos

La auditoría dispuesta para el Centro Hospitalario Maldonado - San Carlos (periodo enero de 2016 a marzo de 2020), abarcó: contrataciones, autorizaciones, gastos y todas las operaciones atinentes a estudios de imagenología, radiología simple, tomografía computada, resonancia magnética nuclear, laboratorio y traslados.

En cuanto al servicio de Radiología la auditoría señala que se contrataba por compra directa a una empresa una particular a un costo promedio mensual de $ 1.145.998 (valores de agosto 2021), en tanto el servicio de tomografía era cubierto en un 29% por el hospital de Minas, en Lavalleja.

Aunque este equipo es propiedad de Asse, se generaba un costo por región de tomografía de $ 3.337 y el restante 71% se dividía entre dos empresas privadas, alternando una semana cada una en la cobertura del servicio, con un costo por región de tomografía de $5.608.

Las compras directas a las empresas particulares “eran continuas y alternadas, lo cual, además de vulnerar las normas de contratación, hacía presumir un acuerdo tácito”, reveló la auditoría sobre el principal centro de salud pública del departamento de Maldonado.

Se detectó en ese período, la compra de servicios a través de compras directas, contraviniendo lo establecido por el Artículo 33 del TOCAF, en estos términos: tomografía $ 108.674.457; radiología $ 37.539.337; resonancia $ 26.664.138; laboratorio $ 10.262.498; y traslados $ 75.977.707. El total asciende a $ 259.118.137.

También se encontraron observaciones del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sobre compras de los servicios de tomografía, radiología y traslados para el mismo período, por un total de $ 180.519.035, lo que representa un 81% de las compras directas detectadas.

Según revela el resumen de la auditoría difundido por Asse en las últimas horas, las facturas de los proveedores eran aprobadas y pagadas sin que se verificara que el estudio se hubiese realizado efectivamente, “dejando abierta la posibilidad de que sobrefacturaran”.

En el caso del servicio de radiología, el personal del proveedor realiza los estudios en el Centro Hospitalario y con el equipamiento del mismo, por lo que hay indicios de ser pasible de falta administrativa por contratación de personal externo a través de Gastos de Funcionamiento (Res 5948/2016).

Respecto a este servicio, se agrega que la emisión de las órdenes de compra de radiología y la posterior aprobación de facturas se realizaba con la información proporcionada por el proveedor sin que se verificaran las horas realizadas por el mismo (inexistencia de controles).

De una muestra de 60 solicitudes de tomografías: un 16% fueron solicitadas como “urgentes” sin justificación, siendo estas de mayor precio que los comunes; un 15% de ellos el proveedor realizó el estudio en más regiones que las solicitadas por el médico y según dato, clínico no correspondía; un 8% fueron estudios realizados sin solicitud; un 5% fueron realizados sin justificación según análisis de las historias clínicas; y un 65% no fueron transcritos en la Historia Clínica Electrónica.

“Las debilidades o falta de control determinaron pérdidas muy importantes para la administración, pero además facilitó la posibilidad de ejecución de acciones de tipo lucrativo con dineros públicos, eventualmente irregulares o ilícitos, ante la pasividad de la administración”, se señala.

Estado actual

De acuerdo al informe emitido por Asse de la auditoría, sin perjuicio de la investigación administrativa que se dispuso, se adecuaron los respectivos funcionamientos de los servicios, “mejorando significativamente los gastos en los mismos”.

En el caso del servicio de radiología, se contrató personal técnico para ejecutar directamente el servicio, el cual además de la reducción de gastos, determinó una mejora sustancial en la atención por la extensión del horario de cobertura, por lo que se logró un ahorro del 69% en el mismo.

Por su parte, en el servicio de tomografía, se resolvió la instalación de un tomógrafo propio en el hospital Elbio Rivero de Maldonado que determinó una reducción en el precio de cada región de tomografía de un 41,6%, quedando operativo a partir del 1° de enero del año 2021.

En cuando al estado financiero-contable del Centro Hospitalario Maldonado-San Carlos, auditado el año 2019, se constató que, “el hospital gastó por encima de su presupuesto durante los años 2017 a 2019, en un promedio de 78 millones de pesos mensuales”.

Al cotejar con los proveedores del hospital los saldos pendientes a pagar, se constató la existencia de facturas no registradas en la contabilidad y sobre las cuales no tenía conocimiento el área financiera contable del nosocomio, correspondiente a los años 2011 a 2019, totalizando una deuda de $ 10.060.398.

Hubo, “falta de planificación y mala gestión en la adquisición de servicios de limpieza, realizando compras directas, superando los $ 12.000.000 anuales, cuando correspondía la realización de procedimiento licitatorio”, señala la auditoría según el informe emitido por Asse.

Finalmente, hubo observaciones del Tribunal de Cuentas de la República en compras de limpieza, aseo y fumigación, por un total de $ 46.025.014 en el año 2019. En este escenario, “se dispuso una investigación administrativa cuya sustanciación está en curso”.