En el marco del “II Foro Internacional de Movilidad Eléctrica” realizado en Maldonado, los ministros de Industria y Ambiente, Omar Paganini y Adrián Peña, respectivamente, expusieron sobre los desafíos para este sector en el futuro del país. Coincidieron en que los retos se encuentran en el financiamiento, los puntos de carga y la regulación para controlar los desechos de este tipo de baterías.

El “II Foro Internacional de Movilidad Eléctrica” se desarrolló en Maldonado, con la participación, por Uruguay, de los ministros de Ambiente, Adrián Peña; Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, y Turismo, Tabaré Viera; el subsecretario de Industria, Walter Verri; y el director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero.

En el primer panel, Paganini señaló que desde su cartera se trabaja en la descarbonización de toda la matriz energética y que aún hay un 40% que depende de combustibles fósiles. “Es avanzar en un esquema de menor riesgo y menor volatilidad internacional”, consideró.

El jerarca reconoció que descarbonizar la industria y el transporte de gran distancia es lo más difícil, por lo que el trabajo se está desarrollando, en primera instancia, en los vehículos familiares. Además, admitió que hay un desafío financiero, así como dificultades en la infraestructura de cargadores.

El ministro consideró que en el ámbito internacional no se logra reducir las emisiones ni bajar los niveles de calentamiento global y que ese es el gran desafío para la humanidad. Además, destacó que las emisiones de Uruguay no proceden del sector energético, sino del agropecuario, a diferencia del resto del mundo.

“Si hablamos de dióxido de carbono, entre el 60 y el 80% de las emisiones se explican por el transporte, y es ahí donde el gobierno debe trabajar”, consideró, y recordó que Uruguay tiene un compromiso mundial al respecto y paulatinamente da pasos en ese sentido.

También aseguró que el Ministerio de Ambiente trabaja en un plan nacional de movilidad sostenible, que supone un cambio cultural. “Este plan incluye incorporar los elementos ambiental, social y económico”, enfatizó el jerarca. En cuanto al decreto vinculado a los residuos que generan las baterías, Peña opinó que ordena la gestión y traslada la responsabilidad a quien coloca la batería en el mercado.

En el segundo panel, expusieron la presidenta de UTE, Silvia Emaldi, y el titular de Ancap, Alejandro Stipanicic. Emaldi explicó que el organismo definió líneas de acción en la incorporación de hidrógeno y la sustitución de los combustibles fósiles por el uso de la electricidad, tanto a nivel domiciliario como industrial.

En relación a la movilidad eléctrica, dijo que hay una demanda del 20%, y que la empresa proyecta realizar una inversión de 1.380 millones de dólares para los próximos 5 años, de los cuales el 70% estará destinado a potenciar las redes de transmisión y distribución de la energía eléctrica.

Actualmente, hay 150 puntos de carga en estaciones de servicios y otros sitios definidos por las intendencias. Para el año próximo, se espera disponer de uno cada 50 kilómetros en las rutas nacionales, así como aumentar el número de dispositivos rápidos, que permiten completar la carga en 20 minutos.

Asimismo, manifestó que en los próximos meses se habilitará el pago de las recargas de vehículos eléctricos con tarjetas de crédito. “La idea es facilitar el acceso a los puntos de carga, a los clientes, y que estos puntos también estén siempre disponibles", sostuvo.

Stipanicic, en tanto, consideró que la electromovilidad es solo una parte del problema de la descarbonización y que es un proceso lento que debe desarrollarse de forma responsable. “Debe ser sustentable y confiable”, agregó, y se refirió a la estrategia de Ancap.

En tal sentido, dijo que se basa en reducir las emisiones de la refinería de La Teja. Además, expresó que la empresa se debe posicionar como productora de biocombustible y que se trabaja para utilizar el potencial eólico en el mar a fin de producir hidrógeno a escala mundial.