La Justicia archivó la denuncia formulada por la DGI el 23 de septiembre de 2014 contra Rodrigo Blás y otras 6 personas vinculadas a su empresa inmobiliaria, por presunta defraudación tributartia. De acuerdo con lo informado este lunes desde el equipo de campaña del dirigente blanco, no se probó ninguna irregularidad en el caso de la comercialización de terrenos del fraccionamiento Valle di Saronno.

De acuerdo con lo que informa este lunes el equipo de campaña del líder herrerista de Maldonado, la Justicia de Crimen Organizado archivó la denuncia promovida años atrás por la DGI contra Rodrigo Blás y otras personas allegadas y vinculadas a su empresa, Blás Propiedades.

“De esa forma, luego de más de 4 años de investigaciones no resultó probada irregularidad alguna respecto al accionar del hombre fuerte de Lacalle Pou en Maldonado”, señala la comunicación, que además anuncia los pasos a seguir por parte de los denunciados en este caso.

Rodrigo Blás y el resto de los afectados en la causa, “continuarán con la demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para obtener la anulación de lo actuado por la DGI, sin perjuicio de analizar otras acciones judiciales por las irregularidades que tuvo el procedimiento administrativo”.

Larga data

La denuncia del organismo recaudador, presentada el 23 de septiembre de 2014, estaba vinculada a la venta de terrenos del fraccionamiento Valle di Saronno, en el barrio Lausana de Maldonado, cuya comercialización era realizada por Blás Propiedades, la empresa inmobiliaria cuyo titular es Rodrigo Blás.

El 6 de julio de 2018, la DGI en el Acta final de determinación, estableció que Rodrigo Blás era “responsable solidaria e ilimitadamente por el Irae e impuesto al patrimonio, por su actuar doloso en el ejercicio de su función; y personalmente por las acciones de mora, contravención y defraudación” por $ 57.556.444.

La entonces abogada de Blás, Susana Soto, aclaró que la inmobiliaria quedó totalmente desligada de la investigación llevada adelante por la DGI, que sí continuó en torno a Javipark S.A., que tuvo la voluntad de pago en varias oportunidades, aunque por razones que se desconocían la DGI “no le hizo lugar”.

La doctora Soto, aseguró a MaldonadoNoticias que al margen de las multas que se pretendían aplicar, el proceso estaba “plagado de irregularidades” porque no se respetaron las garantías del debido proceso; en tanto Rodrigo Blás, aseguró que la DGI trataba de “imponer” las sanciones económicas.

El jueves 21 de marzo de este año, el edil y presidente del PN de Maldonado, declaró ante la Justicia, en tanto los días posteriores lo hicieron otras seis personas que intervinieron en los negocios inmobiliarios, todas en calidad de indagadas, según anunció el nuevo abogado de Blás, Raúl Moller.

“Lo que la DGI interpreta como defraudación, tanto la sociedad como los que intervinieron en el asunto, se entiende que fueron otras las dificultades que llevaron a hacer esos acuerdos, que la DGI entiende son defraudatorios”, había declarado a Subrayado el doctor Raúl Moller a la salida del juzgado.

Con fecha 15 de mayo de 2019, el Fiscal Letrado Especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco Carve, tras una extensa fundamentación (Clic AQUÍ para acceder al documento de Fiscalía) dispuso el archivo de las actuaciones, “sin perjuicio de las acciones civiles en trámite” contra la empresa Javipark .S.A.