Los diputados oficialistas Luis Puig y Carlos Reutor, visitaron la ciudad de Maldonado, para difundir el proyecto de ley que impulsan para crean un fondo de garantía de los créditos laborales, en los casos de insolvencia empresarial. Se reunieron con varios gremios y con la Intersindical de Maldonado.

El objetivo de la ley impulsada por Puig y Reutor, es asegurarle al trabajador el pago de aquellos rubros de carácter salarial que le permitan subsistir y acceder a un primer auxilio frente a la insolvencia patronal, a través de un fondo que administrará el BPS.

El fondo se conformará con una “contribución especial” que realizarán los empleadores. El aporte será de hasta 0,5% de todos los rubros que constituyan materia gravada de cada uno de sus trabajadores, y se pagará junto al resto de los aportes a la seguridad social que se efectúen en el BPS.

Luis Puig y Carlos Reutor, estuvieron este lunes en Maldonado, donde sostuvieron una serie de reuniones con distintos gremios de trabajadores y posteriormente con el Plenario Intersindical, explicando los alcances del proyecto y evacuando consultas.

En diálogo con el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este, los legisladores remarcaron que el texto del proyecto, recoge recomendaciones de la OIT, respecto a un “derecho humano” de los trabajadores, de percibir su salario y todos los beneficios económicos que genere.

Puig dijo, entre otras cosas, y citando ejemplos concretos incluso ocurridos en Maldonado, que muchas veces los empresarios se declaran insolventes y dejan a los trabajadores “colgados del pincel”, pero poco después aparecen al frente de una nueva empresa.

Los beneficiarios del fondo a crearse, serán "todos los trabajadores respecto de los créditos laborales originados en una relación de dependencia, sea con empleadores de la actividad privada o personas públicas no estatales", señala el Artículo 4° del proyecto de ley.

También especifica que los créditos laborales se garantizarán por un monto máximo de hasta 105.000 Unidades Indexadas (poco menos de $ 400.000), y que será una Comisión Tripartita la encargada de verificar la existencia de las situaciones de insolvencia y la deuda con los trabajadores.

La Tripartita, se integraría con dos delegados del sector empleador, dos del sector trabajador y dos del Poder Ejecutivo. Este grupo de trabajo será el responsable de confirmar la situación al órgano administrador del fondo (el BPS), para que efectúe el pago de la suma garantizada.