Un comunicado de la Comisión Fomento Punta Colorada (CFPC) y de Nativos Punta Colorada, también firmado por la Red Unión de la Costa (conformada por más de 45 agrupaciones, ong´s movimientos sociales y otros), respalda a los dos técnicos denunciados por la Intendencia de Maldonado en el conflicto por la rambla de Punta Colorada.

 

El comunicado es de agradecimiento y solidaridad para con “los técnicos y profesores Dr. Omar Defeo y Omar Panario, que apoyaron en esta instancia con su conocimiento científico, brindando en lo que respecta a la remodelación de la rambla de Punta Colorada… una opinión técnica fundamentada e informada”.

Omar Defeo, docente y biólogo, y Daniel Panario, investigador en Geociencias del Pedeciba, docente grado 5 de la Facultad de Ciencias y director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, fueron denunciados penalmente por la Intendencia de Maldonado por “falso testimonio”.

Ambos fueron testigos técnicos de la acción impulsada por la CFPC y Nativos Punta Colorada, que terminó el viernes 8 de julio con la resolución del juez Alejandro Recarey de no innovar en la rambla de ese balneario al Sur de Piriápolis y desembocó en la posterior reacción legal de la Intendencia de Maldonado.

“Es para estas agrupaciones un aporte de inestimable valor por el conocimiento riguroso que demostraron en este tema específico. Su disponibilidad y trabajo ha sido de forma totalmente honoraria y voluntaria. Estas agrupaciones confían en su experticia y agradecen su trabajo”, agrega el comunicado.

Además, rechazan “expresiones agraviantes y descalificantes de las que han sido objeto los profesores que colaboraron y colaboran en nuestras acciones”, porque ninguna se ajusta a los hechos, en alusión a declaraciones públicas del Intendente de Maldonado, el director de Planeamiento y el abogado Hugo Álvez.

“…dichos docentes e investigadores emitieron opiniones derivadas de sus saberes aplicados a las obras que la Intendencia de Maldonado hizo y proyecta hacer en nuestra zona, de acuerdo a expresiones de las autoridades y a los expedientes administrativos referidos a las obras que son de acceso público”, se concluye.

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