La jerarca remarcó que desde la administración se está haciendo todo lo que se puede, pero que las múltiples denuncias realizadas no avanzan en Fiscalía o la Justicia, cuando se trata de un delito claramente penado y que le está generando muchos perjuicios al departamento de Maldonado.

La directora de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, Adriana Graziuso, dijo en el periodístico Frecuencia Abierta de Aspen FM de Punta del Este que “la legislación es perfecta, el problema es de quienes la aplican”, ya que el Artículo 354 del Código Penal establece claramente el delito de usurpación.

Apuntó que ese delito se puede perseguir incluso de oficio, pero “no veo que sean perseguibles de oficio en la mayoría de los casos”, dijo la jerarca, aclarando que las acciones de la Intendencia de Maldonado pueden llegar hasta cierto punto, pero que luego debe actuar Fiscalía y la Justicia.

Para Graziuso, la situación que atraviesa el país, en emergencia sanitaria desde hace más de un año, ha llevado a que se incrementen estas maniobras que no son nuevas en el departamento de Maldonado. “Y esta pandemia ha sido propicia para eso… ha salido mucha gente a delinquir, ocupando terrenos”, dijo.

Aseguró que la administración departamental ha realizado múltiples denuncias y que por este tema se ha dialogado varias veces con el Fiscal de Corte para procurar destrabar esta situación. Ahora, se coordina una nueva reunión con el Fiscal adscripto, Juan Bautista Gómez.

“Así es imposible trabajar, es imposible tener un orden en el territorio, porque la pata de la Justicia nos está fallando”, sentenció. Agregó que aunque parezca una cosa menor, debe ser atendida con urgencia porque incide en la economía local, “es vital para nosotros”, aseguró la directora de Asuntos Legales.

Graziuso explicó que la mayoría de las ocupaciones “son planificadas” incluso por residentes de las zonas afectadas. Muchas veces las acciones son directamente para ocupar, pero en otras tantas es para lucrar ya que son tierras que tras ser tomadas se ponen a la venta.

Los compradores, al acceder a precios muy bajos, también son partícipes de las ilegalidades porque saben perfectamente lo que está adquiriendo. Esto confirma que en muchos casos las actividades ilícitas son planificadas y llevadas adelante por varias personas u organizaciones.

Una de las trabas para accionar es que se exige la presencia o la denuncia del propietario, y eso muchas veces no se logra por ser predios adquiridos hace muchos años o ser de personas que no son ubicables, o directamente porque “los derechos posesorios están en el aire”.

El gran problema, recalcó, es que “no están llegando a los estrados judiciales, las denuncias no se están diligenciando; muchos vecinos de Punta Negra, por ejemplo, han denunciado y no han tenido éxito cuando la ley es clara: delitos contra la propiedad inmueble, delitos de usurpación”.

Respecto a la información que poseen los ocupantes, aclaró que los “certificados registrales” son públicos más allá que tienen un costo. Por lo cual no es ilegal acceder a ese tipo de información. “Es claro que debe haber muchos profesionales atrás que brindan esa información y como llegar a ella”, afirmó.

“Todo lo que se puede hacer lo estamos haciendo”, remarcó la funcionaria, ya que en muchos casos las denuncias se radican precisamente en la Intendencia de Maldonado, que tiene potestades hasta cierto punto, pero no más allá de ello. “El delito le va ganando a la inactividad”, sentenció Graziuso.