La guerra de cuestionamientos, respuestas y réplicas entre ADEOM Maldonado, la administración comunal y el Frente Amplio, no tiene fin. A cada aseveración de una de las partes respecto al cese de 18 funcionarios contratados, otra responde con sus argumentos.

En los últimos días, tanto desde ADEOM como desde filas blancas, se ha señalado insistentemente que la primera administración de Oscar De los Santos cesó a casi 300 funcionarios, frente a los 18 que desde este 31 de diciembre no serán nuevamente contratados por la administración Antía.

El ex jefe comunal y actual diputado, Oscar De los Santos, no se hizo esperar, y en las últimas horas dio su versión de lo que resolvió en el mes de julio de 2005, desvinculando a 270 funcionarios, “aunque algunos llevan esa cifra hasta los 300”, sostuvo en un comunicado.

Recordó que durante la campaña electoral previa a su primera elección como jefe comunal, dijo qué medidas tomaría “tanto con respecto a los ascensos indiscriminados de enero de 2003, como con los cargos de confianza encubiertos, ingresados en lugares que correspondían a cargos de carrera”.

Señaló que, “se planteó además el caso de funcionarios zafrales que habían ingresado en el verano de 2005 y que la administración había resuelto extender los contratos justo durante la campaña electoral”, por lo cual no debe llamar la atención que una vez asumido, “hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer”.

Nada que ver

De los Santos sostiene que no es comparable aquella situación con la que se da ahora, porque, “la mayoría de los funcionarios cesados en 2005 correspondían a contratos zafrales” y habían ingresado por el verano de 2005, “a los que sin ninguna razón, luego de vencidos sus contratos en marzo de ese año se les extendió los mismos”.

Se trataba, recordó el ex jefe comunal, de 48 funcionarios, la mayoría de ellos del Municipio de Piriápolis (inspectores y de servicio), “que ingresaron para reforzar tareas durante el verano de 2005”, y apenas finalizado debieron haber sido cesados.

“El otro grupo que culminó su vinculación contractual con la Intendencia en 2005 estaba compuesto por funcionarios que habían ingresado como contratados en cargos jerárquicos que correspondían a funcionarios de carrera”, complementó, brindando además el detalle.

Se trataba de: 3 cargos de jefes administrativos, 10 cargos de directores y subdirectores generales, 3 cargos de jefes especializados, 4 cargos de capataces y capataces generales, 2 cargos de supervisores docentes y 1 cargos de profesional del grado máximo, “o sea cargos de confianza encubiertos”.

Agregó asimismo, que “ninguno de los reseñados había concursado o se había presentado a un sorteo para desempeñar esas tareas”, al tiempo de ofrecer datos de la nómina de los mismos, número de funcionario y grado, así como lugar en el que se desempañaba cada uno.

Finalmente, sostuvo que las cifras que se manejan “tendenciosamente en una suerte de comparativo cruel”, no se corresponden con la realidad, y que si quedan dudas basta con leer las resoluciones 3278/2005, 3280/2005 y 3492/2005, “que son de conocimiento público”.

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