En su última sesión del deliberativo departamental votó una excepción para la construcción del proyecto impulsado por AGROLAND S.A.

Según el expediente, “el proyecto se concibe como un emprendimiento turístico-productivo complementario del medio rural, sin modificar la categoría del suelo ni afectar el entorno productivo o natural”. El mismo se emplazará “integrándose funcional y territorialmente al conjunto vitivinícola y turístico de Bodega Garzón”. Según el desarrollador, el proyecto va en línea “con los lineamientos de desarrollo turístico sostenible del departamento”.

Con respecto a la obra, el edificio principal sería de 895 m² cubiertos, mientras que el alojamiento se organizaría en unidades tipo villas independientes. La propuesta contempla una superficie total edificada de 4.479 m², y “la excepción solicitada se circunscribe exclusivamente a la modalidad de implantación edilicia, proponiendo el desarrollo de la totalidad del programa en un solo nivel (planta baja), en sustitución de edificaciones de mayor altura concentrada.

La anuencia al proyecto se votó por unanimidad: 31 votos en 31. Pero antes de aprobarse y sobre tablas se introdujo un aditivo, a instancias del Frente Amplio, que estipula que dicha anuencia “queda condicionada a que no se podrá incrementar la altura de las edificaciones establecidas en la presente consulta de viabilidad”.

En la fundamentación del voto, el edil del Frente Amplio Juan Urdangaray dijo que “en este caso” está “bien” otorgar la excepción.
De todos modos, el curul cargó contra la arquitecta Soledad Laguarda, directora general del Departamento de Gestión Territorial de la Intendencia de Maldonado, porque, a su entender, hizo suyas palabras del desarrollador y no solicitó al gestionante que demostrara cómo este proyecto no va a generar un impacto ambiental negativo.

En respuesta a estas consideraciones, el edil nacionalista Adolfo Varela expresó que el aditivo votado “va a tener caducidad” porque, si más adelante se vuelve a pedir una excepción y el gobierno departamental y la Junta lo aprueban, el “texto que pide el Frente Amplio no tiene validez absoluta” y “no genera un antecedente”.