Estas acciones de difusión forman parte del plan de educación y prevención del gobierno departamental del intendente Miguel Abella, informó la comuna.
En los 4 videos, adjuntos a la nota, se advierte como no se respeta el semáforo en rojo, tanto por autos, motos como hasta un patín eléctrico.
En uno de los casos, un vehículo no solo no respeta la señal de alto sino que además en la aceleración cruza de senda.
Desde el centro de movilidad urbana se entiende que el objetivo es que la sociedad toda, pueda visualizar estas infracciones, tomar nota de los accidentes que se pueden generar cuando se maneja con imprudencia, y concientizar sobre buenas prácticas al volante. Por este motivo la IDM continúa compartiendo semanalmente algunos videos, donde se observan claramente infracciones cometidas por imprudencia al volante.
Los videos:
https://www.youtube.com/watch?v=KUSojw1SZO8
https://www.youtube.com/watch?v=5Fuhq-Vc8Eo
https://www.youtube.com/watch?v=Pg38qrb1qAY
https://www.youtube.com/watch?v=8sutEEwOqbE
El legislador nacionalista presentó un proyecto de ley, de artículo único, donde propone agregar un inciso al artículo 272 del Código del Proceso Penal.
El texto plantea que "cuando el imputado fuere reincidente en delitos” previstos en la ley de estupefacientes, “la pena acordada en proceso abreviado no podrá ser inferior a los dos tercios de la pena que correspondiere solicitar según las circunstancias del caso".
Para Blas, los delitos de narcotráfico “constituyen una de las principales amenazas para la seguridad pública, la convivencia social y la salud de la población” y “su impacto trasciende al autor directo del delito, afectando a familias, barrios y comunidades enteras”.
Blas entiende que “resulta razonable” que cuando una persona reincide en este tipo de conductas luego de haber sido condenada por delitos de la misma naturaleza, se “contemple un tratamiento diferenciado respecto de los beneficios que pueden derivarse de acuerdos procesales”.
En la exposición de motivos del proyecto, el senador nacionalista, entiende que “la labor policial, desarrollada muchas veces con importantes riesgos personales y complejas tareas de investigación, debe encontrar en el sistema jurídico una respuesta coherente y firme frente a quienes persisten en estas conductas delictivas”.