Una nueva e innovadora ley para el cuidado y la gestión planificada de nuestras costas se votó en la Cámara de Diputados y avanza hacia su aprobación definitiva. Se trata de la Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata.

 

Este nuevo instrumento de ordenamiento territorial supone un salto cualitativo en la protección de las costas uruguayas, espacio en extremo sensible a los efectos del cambio climático y estratégica para el desarrollo turístico y la sostenibilidad del ambiente a futuro.

La nueva norma (Directriz Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata) que ya contaba con media sanción de senadores, tuvo modificaciones en la Cámara Baja y solo esperan su ratificación final para la aprobación definitiva.

La Directriz atiende la problemática de degradación de este espacio de valor estratégico para el desarrollo sustentable del país, en particular de las actividades turísticas. Estimula la coordinación y cooperación pública y privada para promover un modelo de desarrollo costero sostenible, democrático y participativo.

El director Nacional de Ordenamiento Territorial, José Freitas, destacó entre otros aspectos que el instrumento de planificación territorial determina la accesibilidad y uso público de las playas y costas. “Es la primera norma nacional que sienta de manera explícita el carácter y acceso público a todas las playas del país”, acotó.

Al mismo tiempo explicó Freitas, “… la demarcación de la zona de protección costera deja de ser una franja estática y formal, con esta ley comenzará a ser definida de manera más realista en función de las características específicas de cada zona, y en relación a cada uso o proyecto propuesto”.

La elaboración incluyó diversas instancias, primero en el marco del Comité Nacional de Ordenamiento Territorial. Asimismo, en el transcurso del proceso se dio participación a organizaciones e instituciones públicas y privadas. Una vez en el Parlamento fueron aprobadas por el Senado.

Ya en la Cámara de Representantes, la Comisión de Vivienda y Territorio fue recibiendo aportes del Congreso de Intendentes y de algunas intendencias costeras, a partir de lo cual se realizaron ajustes al texto original, buscando sintetizar la visión de los gobiernos subnacionales.

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