Los representantes Gabriel Gurméndez, Álvaro Quintana y Juan Jorge presentaron un proyecto de ley para derogar el cometido legal de ANCAP de producir cemento.

El proyecto también alcanza a “todas las actividades conexas, afines y derivadas que ANCAP ha desarrollado a partir de la referida competencia legal”.

En la exposición de motivos se expresa que la propuesta no surge de una “decisión coyuntural ni de una medida meramente presupuestal” sino de la constatación de la propia ANCAP de que este rubro “constituye una actividad estructuralmente deficitaria que ha insumido durante años recursos públicos sin lograr revertir su falta de sustentabilidad económica”. 

Para sustentar esa posición, se añade que “el segmento Portland ha registrado pérdidas de magnitud, acumulando resultados negativos por más de cien millones de dólares en el último quinquenio aproximadamente ochocientos millones de dólares a valor presente durante las últimas dos décadas”.

Con respecto a los empleados de ANCAP hoy afectados a ese sector, el proyecto plantea que sean “redistribuidos dentro del propio ente de acuerdo a las necesidades del servicio y al perfil del funcionario”. Aquellos no puedan ser reubicados, “serán declarados excedentes y la nómina de los mismos será ofrecida a la Administración Central, al Poder Judicial y al resto de los entes autónomos y servicios descentralizados”.

En ningún caso, agrega el texto, a estos funcionarios se les “podrá afectar sus derechos adquiridos”.