El organismo da cuatro meses de plazo para responder por presuntos daños materiales y de la reputación. A su vez, la pareja define una demanda que podría superar los US$ 200 millones, a partir de lo que consideran ilegalidades cometidas por las autoridades uruguayas, desde el allanamiento en “El Gran Chaparral”, en Playa Verde, el jueves 4 de enero del año 2018.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), notificó el pasado jueves 19 de febrero formalmente al Estado uruguayo, sobre la petición presentada por Marcelo Balcedo y su esposa Paola Fiege, actualmente afincados en su establecimiento “El Gran Chaparral” ubicado en la zona de cerros de Playa Verde.
La decisión de la CIDH, amparada en el Artículo 30 de su reglamento, convierte la denuncia presentada por el matrimonio argentino, en una causa internacional que pone en el centro la actuación policial, fiscal y judicial, en el marco de su cooperación con Argentina donde ambas personas deberían responder por varias causas.
El origen del reclamo se remonta a las primeras horas del jueves 4 de enero de 2018, cuando se desató un operativo policial de grandes proporciones en el citado establecimiento de campo. Según la denuncia, durante aquel allanamiento hubo incautaciones de bienes que carecían de orden judicial.
Además, el matrimonio rechaza que el procedimiento se haya realizado en presencia de sus hijos (de 11, 4 y 1 año) que incluso arrastraron secuelas por lo que vivieron esa mañana, y durante mucho tiempo estuvieron apartados de sus padres, que primero estuvieron detenidos y luego enviados a distintos centros de reclusión.
La notificación espera la respuesta del Estado uruguayo a lo denunciado por el matrimonio argentino por presuntas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre las que figuran la libertad personal, las garantías judiciales, el derecho de defensa, la protección de la familia y el interés superior del niño.
Empero, se aclara en el documento que el pedido de esa información no constituye un prejuzgamiento en relación a la decisión que la CIDH eventualmente pueda adoptar “sobre la admisibilidad de la petición", afirmó el organismo en la resolución, según consigna el matutino El Observador.
Eran varios
En el mes de mayo del año 2022, el empresario y exdirigente sindical argentino, refugiado en su establecimiento “El Gran Chaparral” en Playa Verde, en la radio argentina Red92 -que es propiedad de su familia-, anunció que accionaría contra la Fiscalía de Uruguay, por los perjuicios ocasionados en un negocio de compra de dos aeronaves.
De acuerdo a lo que informó en su página web la citada emisora argentina, propiedad de Marcelo Balcedo, “el Estado uruguayo reconoció que estropeó el leasing que el empresario argentino Marcelo Balcedo tenía sobre dos aviones, un Learjet 60 y un Gulfstream IV…”, aeronaves que según el empresario se estaban pagando solas.
Explicó que eran parte de un plan de negocios que incluía contratos millonarios -unos US$ 6 millones- producto de su alquiler y de vuelos privados con contratos de servicios, a lo que se sumaba “otro hecho grave y no menor”, que es que ambas aeronaves tenían patente de Estados Unidos de Norteamérica.
Al momento de la detención de Balcedo -el jueves 4 de enero de 2018-, por el avión Gulfstream IV, “ya se habían pagado unos tres millones de dólares, y como resultado de la retención indebida de los aviones, que no tenían nada que ver ni con Argentina ni con Uruguay”, los contratos cayeron.
El juicio anunciado por US$ 22 millones sería contra la Fiscalía de la Nación de nuestro país, y comprende “a todos los fiscales que actuaron en la causa Balcedo, además de Jorge Díaz, el ex fiscal General de la Nación, jefe de todos los fiscales, quien tenía una inquina personal manifiesta contra el empresario argentino…”.
La web de Red92, recalcó que, “el ex fiscal de Corte de Uruguay, pertenece al Frente Amplio, y actualmente es el abogado representante de Fabián ´Pepín´ Rodríguez Simón. Además se conoció que mantuvo varias reuniones personales en ambas márgenes del Río de la Plata con Mauricio Macri…”.
Según dijo Balcedo en aquella ocasión, “este juicio cae ahora contra el Estado uruguayo, gobernado por el actual presidente Luis Lacalle Pou, quien no tuvo ningún tipo de responsabilidad sobre este asunto, pero el gobierno anterior y este, son la continuidad del Estado lamentablemente y alguien tiene que responder”.
Finalmente, se anunció que ese sería el primero de una serie de juicios que realizaría Balcedo y su esposa no solo contra el Estado, sino contra privados y particulares uruguayos, y también en Argentina contra organizaciones y estructuras gubernamentales y del sector privado del vecino país.
Marcelo Balcedo, refugiado en su mansión del establecimiento “El Gran Chaparral” ubicado al Norte de Playa Verde, ha mantenido un perfil muy bajo y no ha brindado ningún tipo de declaración. Sí quien lo ha hecho y muestra permanente actividad en redes sociales y medios, es su esposa Paola Fiege.
