*) Mauro Mendiburu Benedetto
El pasado jueves 3 de marzo, el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer los datos de la inflación en nuestro país para el segundo mes del año: el IPC aumentó un 1.6% en febrero de 2016, llevando la inflación anualizada al 10.23%.
El haber traspasado la barrera psicológica del 10%, encendió todo tipo de comentarios entre analistas y autoridades, como si fuese mucha la diferencia con la elevada tasa existente apenas 30 días atrás. El problema es que la inflación, más allá de su valor, implica varias dificultades para los agentes económicos.
El asunto preocupa más cuando se ingresa al detalle de las razones del aumento de febrero. Solo el impuesto a los cigarrillos que rige a partir de febrero de 2016 le aporta 0.33% al aumento del IPC; o sea, siendo el propio Gobierno quien ha aplicado dicho impuesto, es entones su responsabilidad directa el que la inflación no se encuentre por debajo del 10% anhelado.
En el mismo sentido, los aumentos de las tarifas de enero y su arrastre aportan buena parte del 1.6% de febrero. Una prolija política de tarifas y coordinación entre metas inflacionarias y políticas de salud, hubiesen evitado el cruce de los dos dígitos.
Pero también resultan claros los aumentos de productos con poder monopólico de las empresas, en rubros donde no se justifican crecimientos de precios. Y más allá que el propio Gobierno lo confirme (así como aseguró que se tomarían medidas ante quienes hicieron acuerdos de precios y no lo cumplieron), no se evidencia un camino claro en cuanto al trabajo en torno a estos sectores fijadores de precios, que nos llevan a los consumidores a pagar varias veces más un producto, no por su valor en sí, sino por capricho del productor. Basta cruzar la frontera con Brasil para detectar una canasta entera en tal sentido.
Y si el Estado no tiene clara su política tarifaria o de precios, y los grandes empresarios no encuentran límites en costos o beneficios a los excesos de remarcación de precios; claramente podemos decir que no habrá política monetaria que solucione los problemas inflacionarios, a menos que pretendamos que quienes los sufrimos, también debamos reducir nuestro consumo para que ello ocurra. Si así fuese, sería injusto y poco progresista.
*) Es Master en Economía Financiera por la Univ. of London-SOAS, UK. Se desempeña actualmente como Profesor de Economía de la Universidad de la República (CURE-Maldonado) y de la Universidad Católica del Uruguay (Sede Punta del Este). Es asesor de inversiones financieras.
