Se prorrogó hasta el 1º de febrero de 2021 la presencia de personal militar dependiente del Ministerio de Defensa Nacional en funciones de guardia perimetral en 7 establecimientos carcelarios, entre ellos Las Rosas, en Maldonado. El operativo involucra a 535 efectivos de las tres armas.

El proyecto prorrogado de custodia perimetral en cárceles a cargo de militares, ahora transformado en ley, “fue elevado entre los ministerios de Defensa Nacional y de Interior y es buena señal de trabajo coordinado”, dijo el titular de Defensa, Jorge Menéndez.

La Ley N° 19.507 prorrogó específicamente, desde el 1° de julio hasta el 1° de febrero de 2021, la facultad del Poder Ejecutivo para encomendar al personal militar dependiente del Ministerio de Defensa el cumplimiento de funciones transitorias de guardia perimetral en distintas unidades de reclusión.

Las unidades penitenciarias comprendidas en la ampliación del operativo son: Santiago Vázquez (ex Comcar), Penal de Libertad, Punta Rieles, Canelones, Las Rosas (Maldonado), Cerro Carancho (Rivera) y la cárcel de mujeres El Molino (Montevideo).

El total de efectivos militares que desempeñan las funciones, es de 444 dependientes del Ejército Nacional, 52 de la Fuerza Aérea Uruguaya y 39 de la Armada Nacional. Menéndez explicó que la extensión de esta tarea aplicará hasta que los funcionarios del INR puedan desempeñarla.

Veinte años

Las primeras cárceles con guardia militar fueron Santiago Vázquez, Libertad y Canelones. Con el paso de los años el servicio fue dando los resultados esperados y se amplió a otras unidades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), entre ellas la cárcel de Las Rosas.

En 20 años de guardia militar, se registra una sola muerte de un recluso en fuga. La orden es clara: nadie puede ingresar a la zona militar comprendida por el corredor que se forma entre los dos tejidos, ya que lo efectivos que cubren estas zonas pueden disparar.

Desde el año 2009 se han evadido dos presos por año, en promedio, en las zonas bajo custodia militar. Estas evasiones se produjeron en medio de un gran incremento de la población carcelaria (11.300 personas privadas de libertad hasta enero del presente año).