Tres hombres, uno de ellos escribano, fueron remitidos a la cárcel por los delitos de falsificación ideológica de documento público y estafa. Se trata de parte de la denominada “mafia de los terrenos”, dedicada a la comercialización ilegal de terrenos, en este caso del balneario El tesoro.

En las últimas horas, el juez penal de 2° turno de Maldonado, dispuso el procesamiento con prisión, del escribano de iniciales C.E.D.L.M., por la presunta comisión de 7 delitos de falsificación ideológica de documento público en reiteración real, en calidad de autor, con un delito de estafa en calidad de coautor.

Junto con este conocido profesional de Maldonado, y por su participación en distintas etapas de las maniobras con terrenos del balneario El Tesoro, también marcharon a la cárcel M.F.P. y F.S.T., por la presunta comisión de 3 delitos de falsificación ideológica de documento público en reiteración real.

Larga data

Las maniobras denunciadas en diversos ámbitos -incluso en el parlamentario desde hace más de una década-, tuvo un punto de inflexión el pasado 26 de julio cuando representantes legales de la Intendencia de Maldonado, denunciaron casos concretos de ocupaciones de terrenos en el citado balneario.

Efectivos de Investigaciones de la Policía, tuvieron a su cargo los escabrosos procedimientos, que revelaron la existencia de lo que muchas veces se calificó como “la mafia de los terrenos”, es decir organizaciones dedicadas a vender terrenos que tienen legítimos propietarios.

Los procedimientos incluyeron visitas a vecinos de El tesoro, donde los ocupantes -algunos construyendo fincas- exhibieron documentación que los acreditaba como titulares de los terrenos, lo que luego se pudo probar, era producto de las maniobras de dos particulares y un escribano.

Los legítimos dueños de los terrenos, ya habían radicado las denuncias correspondientes ante el Municipio de San Carlos, lo que desembocó en una serie de acciones y reuniones entre autoridades locales y departamentales, para enfrentar un complejo caso y difícil de desentrañar.

La documentación registral obtenida por los investigadores, incluso de los padrones linderos a los vendidos ilegalmente, indica que en el mes de mayo de este año, fueron inscriptos en el Registro Público, 6 escrituras públicas de Cesión de Derechos Posesorios.

Llamativamente el “cedente” era en todos los casos el mismo: M.A.F.P., haciéndolo siempre por la suma de $ 30.000. Durante las investigaciones, se probó que este hombre no era titular de ninguno de los inmuebles que había registrado como propios.

De las actuaciones fue informado el juez de 2° turno, doctor Gerardo Fogliacco, quien finalmente ordenó la detención y su puesta a disposición, del escribano C.E.D.L.M. y de M.A.F.P. y F.S.T.. El primero, el falsificador de las escrituras y los otros dos falsos propietarios de los terrenos vendidos.

Mucho ruido

Este tipo de maniobras, han sido denunciadas en los más diversos ámbitos desde hace más de una década, ya que en 2004, cuando la hoy directora general de Asuntos Legales de la Intendencia de Maldonado, doctora María del Carmen Salazar, era edila departamental, revelaba esta trama.

La doctora Salazar, denunció en el Legislativo Departamental, que se estaba vendiendo información sobre terrenos con atraso en el pago de tributos, y se estaban realizando maniobras para que terceros adquirieran terrenos con deudas de contribución inmobiliaria.

Ampliando su denuncia, la profesional agregaba que se trataba de maniobras similares a las que se realizaban en Canelones y por la cual hubo varios procesamientos. Explicó que la “negociación” comenzaba con la venta de información que salía de la propia Intendencia de Maldonado.

En todos los casos se trataba de atrasos demasiado voluminosos, ya que la mayoría rondaba los 10 años, aunque existe una ley de prescripción, que dice que una persona que está ocupando un terreno por 30 años, al cabo del mismo lo puede prescribir.

Pero también el diputado Nelson Rodríguez (Partido Nacional), reveló varias veces situaciones del mismo tenor, incluso en 2011 presentó una denuncia penal por ocupaciones presuntamente ilegales de terrenos en los balnearios La Barra, El Tesoro, Santa Mónica, La Juanita y Buenos Aires.

“Pretendía que las autoridades comunales o municipales se hicieran cargo de la defensa del territorio. Lamentablemente, vemos que no hay una actividad fuerte y que no se actuó con firmeza, por lo cual hice esta denuncia penal para que se investiguen todas estas cesiones que, a nuestro juicio, tienen una apariencia claramente delictiva”, dijo Rodríguez.

La denuncia contenía escritos y documentos gráficos de unos 85 terrenos. También incluyó una exposición del edil blanco Carlos Stajano en la Junta Departamental, donde citó algunas situaciones irregulares en los mencionados balnearios.

En opinión del legislador blanco, operaban verdaderas organizaciones delictivas en torno a este tema. “Hay profesionales que tienen a la venta cesiones de varios derechos, funcionarios que pasan datos sobre los padrones, gente que construye y que vende”, agregaba.

Pero el tema no terminó allí porque posteriormente se sucedieron denuncias públicas y finalmente ante el Municipio de San Carlos y ante la Intendencia de Maldonado. Hubo reuniones entre el Intendente y autoridades del citado municipio, para analizar la marcha de un juicio iniciado por la ocupación y venta ilegales de varios terrenos en el balneario El Tesoro.

A comienzos del año 2012, vecinos del balneario El Tesoro denunciaron ocupaciones ilegales ante el Municipio, las que éste elevó a la Intendencia de Maldonado con posterior pasaje a la justicia. Desde agosto de 2012 el juzgado penal de 2° turno de Maldonado comenzó a trabajar en el caso.

A pesar de que una docena de personas, entre particulares y profesionales desfilaron durante varias jornadas por la sede penal de 2º turno, el caso no avanzó demasiado en aquel entonces, por las diversas derivaciones que tendría.

La jueza de aquel momento, doctora Adriana Graziuso, fue solicitando nueva información a la Intendencia y a Catastro, en tanto Investigaciones de la Policía fue encomendada a realizar otras acciones en torno a este caso que iría mucho más allá de lo puntualmente denunciado.

En las primeras actuaciones fueron ubicados los legítimos dueños de los padrones usurpados, tratándose de una sucesión que posee además de los terrenos ocupados ilegalmente, otros tantos en la costa al Este del arroyo Maldonado.

Se pudo establecer que quien vendió los derechos posesorios de varios terrenos en El Tesoro, nunca fue dueño de los mismos, habiendo recibido $ 30.000 por firmar como suyos cada uno de ellos. Dos años atrás, se detectaron 6 escrituras firmadas por el mismo escribano, y cesiones suscriptas por la misma persona.